16 años para entrar en redes sociales: cuando la ley por sí sola puede no ser suficiente

Cuando la tecnología llega cada vez más pronto

Imagina que tu hijo o hija tiene diez años. Aún no ha terminado Primaria. Juega al fútbol o a la consola los fines de semana, todavía vais juntos al parque. Y, sin embargo, existe casi un 50% de probabilidades de que ya tenga móvil propio. A los 12 años, ese porcentaje sube al 76%. En la ESO, el 93% del alumnado lleva un smartphone en el bolsillo.

En España, la edad media a la que las personas menores de edad tienen su primer móvil propio es de 10,8 años. En la adolescencia, el 92,5% está registrado en al menos una red social, y prácticamente el 99% tiene presencia en internet. 

Todos estos datos provienen del informe Infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado por Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Con casi 100.000 menores encuestados, es la investigación de mayor alcance a nivel mundial sobre este tema.

La respuesta política a esta realidad lleva tiempo fraguándose. En septiembre de 2025, el Congreso dio luz verde a la tramitación de la Ley Orgánica para la Protección de los Menores en Entornos Digitales. La medida más visible: elevar la edad mínima de registro en redes sociales de 14 a 16 años. Pero ¿es suficiente una ley para proteger a la infancia en el entorno digital? ¿Y cuál es el papel de las familias —y de todos nosotros— mientras tanto?

Una preocupación compartida, un compromiso colectivo

El avance tecnológico está transformando nuestro día a día de forma acelerada y afecta al conjunto de la sociedad. Tras la pandemia, el uso de la tecnología evolucionó de manera especialmente intensa entre los más jóvenes: se convirtió en herramienta de aprendizaje, de socialización y de ocio de forma simultánea, en un momento en que los espacios físicos estaban cerrados.

Desde Euskaltel Fundazioa somos conscientes del impacto que un uso abusivo o sin acompañamiento puede tener, especialmente en menores, y compartimos la preocupación social que reflejan los datos. Por eso queremos reafirmar nuestro compromiso con la protección de la infancia en el entorno digital: creemos que mejorar la relación de la infancia con la tecnología —incluida la inteligencia artificial— es una tarea colectiva, y seguiremos trabajando para que la tecnología sea una herramienta que empodere, no que intimide.

¿La prohibición es suficiente? Lo que dicen los expertos

Y es que el informe de UNICEF no deja lugar a dudas sobre la magnitud del reto. El 5,7% de los adolescentes podría haber desarrollado un uso problemático de las redes sociales —cifra que sube al 7,7% en Bachillerato y que afecta más a las chicas—. Uno de cada diez menores reconoce haber sufrido ciberacoso. Uno de cada tres adolescentes con pareja declara haber vivido control o chantaje a través del móvil. Y el 58,4% admite haber interactuado con desconocidos en la red.

Pero el mismo informe recuerda que no todo son riesgos. El 97% de los jóvenes dice que internet le genera alegría, el 82% relajación y el 79% diversión. La tecnología facilita la inclusión, estimula la creatividad y fortalece vínculos. No se trata de demonizarla, sino de comprenderla y regularla con inteligencia.

La nueva ley española va más allá de la edad mínima. Obliga a los fabricantes a incorporar sistemas de control parental gratuitos, exige a los centros educativos regular el uso de dispositivos en el aula, impone mecanismos de verificación de edad a las plataformas, e introduce nuevos tipos penales: desde facilitar pornografía a menores hasta tipificar los deepfakes sexuales o el grooming como agravante en delitos contra la libertad sexual. España no actúa sola: Australia prohibió el acceso a redes a menores de 16 años en diciembre de 2025, y Francia aprobó una norma similar meses antes.

Sin embargo, los expertos coinciden: la legislación es necesaria, pero no suficiente. Save the Children advirtió que una medida basada exclusivamente en la edad puede generar una falsa sensación de seguridad, y que debe ir acompañada de mecanismos de verificación eficientes y de educación digital que permita a los menores hacer un uso consciente, crítico y seguro de la tecnología. 

La organización también alertó sobre el riesgo de que las prohibiciones acaben excluyendo a niños y adolescentes de espacios digitales seguros, y sobre la práctica habitual del uso clandestino: si un menor del grupo accede, el resto lo hace igualmente.

La conclusión es clara: una ley puede regular el entorno. No puede sustituir al acompañamiento.

El papel de las familias, más allá de las leyes

Uno de los hallazgos más significativos del informe de UNICEF es que los propios adolescentes piden activamente ayuda para gestionar su vida digital. Más de la mitad manifiesta cierta necesidad de desconexión y reclama más educación digital, acompañamiento adulto y conversaciones sobre salud mental y relaciones. Ailin, de 13 años, y Pablo, de 17, miembros del Grupo Asesor de UNICEF España, lo resumieron al presentar el estudio: "Las redes están diseñadas para enganchar, pero necesitamos que los adultos nos acompañen y nos escuchen." 

No piden que se les prohíba acceder a la tecnología. Piden que los adultos sean capaces de acompañarlos con conocimiento y sin juzgarles.

El informe también revela que el ejemplo de los progenitores es más determinante que las normas impuestas. Cuando los adultos usan el móvil de forma excesiva en los momentos de la vida familiar, el mensaje implícito es más potente que cualquier regla verbal. Y aunque un 25% de los adolescentes tiene discusiones frecuentes con sus padres por el uso de la tecnología, solo el 29% señala que sus progenitores les establecen límites claros. Se discute mucho, pero se acuerda poco. 

La mediación parental —ese espacio de diálogo activo en el que los adultos se interesan por la vida digital de sus hijos sin invadir su privacidad— es la variable que más consistentemente aparece asociada a un uso más saludable de la tecnología.

Hay además una brecha estructural que ninguna ley puede cerrar: muchos adultos no conocen suficientemente las plataformas que usan sus hijos. No saben cómo funciona el algoritmo de TikTok, qué es Discord o qué significa para un adolescente ser excluido de un grupo de WhatsApp. Existe una distancia real entre las habilidades tecnológicas de los jóvenes y la comprensión adulta de sus implicaciones.

Una responsabilidad que va más allá del hogar

Hablar del papel de las familias es imprescindible, pero sería un error reducir la responsabilidad al entorno familiar. Porque garantizar que niños, niñas y adolescentes se relacionen con la tecnología de forma segura, saludable y enriquecedora es una tarea colectiva: implica a las familias, sí, pero también a los centros educativos, a las instituciones, a las empresas tecnológicas y al conjunto de la sociedad.

Construir espacios de confianza mutua entre adultos y menores —donde se puedan compartir dudas, experiencias y decisiones sin miedo al juicio— no puede depender solo del esfuerzo individual de cada hogar. 

Necesita estructuras: formación para docentes y familias, recursos accesibles, y un compromiso real de las organizaciones que trabajamos en el ámbito digital y social.

Desde Euskaltel Fundazioa creemos firmemente en ese esfuerzo conjunto, y desde ahí articulamos programas como Kaixo Mundua, que acompañan a la infancia y la adolescencia con propósito, con criterio y con la convicción de que la tecnología, bien orientada, es una palanca de transformación.

Medidas concretas: qué pueden hacer madres y padres hoy

No hace falta esperar a que la ley entre en vigor ni convertirse en experto en tecnología. Hay pasos concretos, avalados por la evidencia, que marcan una diferencia real:

• Hablar antes de dar el dispositivo. La conversación más importante no es la que ocurre cuando ya hay un problema. INCIBE ofrece guías de mediación parental y pactos familiares para el buen uso de dispositivos que facilitan ese primer diálogo.
• Ser el modelo que queremos ver. Revisar el propio uso del móvil —en las comidas, en el ocio en familia, antes de dormir— no es una cuestión menor. Los menores observan e internalizan los patrones de comportamiento de los adultos más cercanos.
• Establecer acuerdos, no solo normas. Las normas impuestas sin explicación se sortean; los acuerdos negociados se respetan. Construir juntos rutinas digitales es en sí mismo un ejercicio de educación digital.
• Conocer las plataformas que usan. No es necesario tener cuenta en TikTok para saber cómo funciona. INCIBE cuenta con recursos específicos sobre redes sociales en la adolescencia que explican, de forma sencilla, características, riesgos y cómo abordarlos.
• Mantener canales de comunicación abiertos. Si un menor sabe que puede contar lo que le pasa sin miedo a ser juzgado o castigado, el riesgo real disminuye de forma significativa. Para situaciones que ya se han producido, la línea 017 de INCIBE —Tu Ayuda en Ciberseguridad— ofrece atención confidencial y gratuita.

La legislación complementa a la educación digital, pero no la sustituye

España pone el límite en los 16. Es una señal importante. Pero una ley que fija un umbral de edad no puede sustituir la conversación que debe ocurrir a los 8, a los 10 o a los 12. 

No puede reemplazar el ejemplo de un adulto que gestiona la tecnología con equilibrio. No puede crear por decreto la confianza que necesita un menor para contar a sus padres lo que le ha pasado en internet.

La ley regula el entorno. La educación digital transforma a las personas. Y esa transformación empieza en casa, en el aula y en la comunidad —y requiere el compromiso de todos. Empieza, sobre todo, mucho antes de que haya una norma que lo exija.